La nueva ley de hidrocarburos aprobada por el Congreso en Bolivia ha sido recibida negativamente por los partidarios de la nacionalización de estos recursos y por las empresas internacionales que operan en el sector

A mediados de mayo el Congreso boliviano aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos que no ha satisfecho a nadie en el país. Los que proponían una nacionalización de los recursos del país no ha visto que la ley marcara la intención de recuperar el control por parte del Estado. Además, esta nueva ley pone a las multinacionales del sector con contratos en vigor en una posición difícil, lo que puede resultar en una reducción de sus inversiones en el país.

La nueva Ley de Hidrocarburos reemplaza la ley de 1996 que permitía la entrada de inversiones por parte de empresas internacionales en el sector de los hidrocarburos. La nueva ley, entre otras cosas, impone un 32 por ciento adicional a las empresas que explotan dichos recursos en el país. Este porcentaje se añade al 18 por ciento que ya pagan estas empresas por los derechos de explotación.

Entre las empresas internacionales se encuentran Petrobras, Repsol, Total, British Gas, Exxon Mobil Corp., ChevronTexaco Corp., Royal Dutch/Shell y Reading.

Todas ellas son parte de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), organización que dijo lo siguiente una vez aprobada la ley: “La CBH ve con enorme preocupación la propuesta de ley de Hidrocarburos presentada por el gobierno nacional, ya que el incremento impositivo hace inviable al sector en el corto y mediano plazo, imposibilitando la realización de nuevos proyectos que son la base para el aprovechamiento productivo de las reservas gasíferas del país. Se crea un clima de incertidumbre para la inversión cuando dicha inversión es muy necesaria tanto desde el punto de vista del desarrollo interno (industrialización) como en la cristalización de nuevos mercados”.

Por su parte, varias de las empresas implicadas no tardaron en pronunciares anunciando reducciones en las inversiones previstas en el país como consecuencia de la aprobación de esta nueva ley.

Desde 1997 las multinacionales extranjeras han invertido en el sector del gas natural alrededor de 3.500 millones de dólares.

La primera en pronunciarse fue la Ministra de Energía y Minas de Brasil, Dilma Rousseff, quien dijo que Petrobras reducirá su plan de expansión en el país.

Petrobras es una empresa clave dentro de la estructura económica de Bolivia. No sólo representa el 20 por ciento del producto interior bruto (PIB) de Bolivia, sino que además ha invertido desde su entrada en el país en el año 1996 1.500 millones de dólares, lo que representa la inversión más importante realizada por esta empresa fuera de Brasil. Además controla los yacimientos de gas más importantes de Bolivia y un 60 por ciento del gas que consume Brasil proviene de los yacimientos de esta empresa en Bolivia.

Por su parte la empresa británica BG Group, que cuenta con un 37,5 por ciento del yacimiento más grande de Bolivia, Margarita, anunció estar evaluando con detalle la ley y cuál va a ser la respuesta del grupo.

En general, todas las empresas han mostrado su contrariedad a la nueva ley.

Sin haber cifras oficiales acerca de la reducción en la inversión, Raul Kieffer, presidente de CBH estaría estimando la pérdida en 10.000 millones de dólares en cancelaciones de proyectos.

Además, las empresas están evaluando llevar el caso delante de un tribunal internacional pues la nueva ley obligaría a renegociar hasta un total de 72 contratos firmados con la anterior administración.

Los motivos de esta nueva ley debían haber sido una mejora para el sector de hidrocarburos en beneficio de Bolivia. Para ello un amplio sector de la población exigía que Bolivia volviera a tomar control de los hidrocarburos en el país, algo que la nueva ley no promueve. Tampoco parece promover nueva inversión en nuevos proyectos por parte de las empresas internacionales.

Entre la manera en la que se ha aprobado la ley, con el Presidente de la nación oponiendose a ella pero sin ejercer su derecho a vetarla, y las consecuencias, que han dejado insatisfechos a todos los bandos involucrados, el país ha quedado en el corto plazo debilitado por culpa de este proceso.

El Presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, dijo a la firma de la ley: “Sólo pido que haya unidad en el país”. Sin embargo, la nación ha vuelto a vivir un capítulo de división interna cuando lo que necesitaba no eran palabras pidiendo la cohesión, sino un golpe de efecto que la fomentara.