México tiene gran potencial para promover proyectos renovables gracias a su vasto territorio, sin embargo, no ha podido todavía fomentar el aprovechamiento de sus fuentes renovables. Esto pese a grandes esfuerzos llevados a cabo durante la última década.

El país latinoamericano ha puesto leyes y metas para promover el desarrollo de la energía renovable pero ya encuentra grandes retos como la meta del 35 por ciento en lo que respecta a la generación de electricidad basada en fuentes no fósiles para el año 2024.

Hay también limitaciones tecnológicas que impiden la estimulación rápida de la inversión y la modernización tecnológica en el ámbito de las energías renovables.

Según un informe de PricewaterhouseCoopers (PwC), iniciativas como la creación del sistema de Certificados de Energía Limpia (CEL), que entrará en funcionamiento en dos años, ayudarían a satisfacer las metas fijadas.

Hay también planes de ampliar la sobrecargada red de líneas de transmisión para ayudar a la interconexión de proyectos renovables, y existe una mayor dotación de fondos públicos destinados a intensificar la tarea investigadora en este campo. Según analistas, estos dos esfuerzos podrían ayudar a que se cumplan las metas establecidas por la ley.

Sin embargo, hay quienes todavía dudan los posibles resultados concretos, sobre todo si se tiene en cuenta que en México se tendrá que instalar unos 18.000 MW de energía limpia a lo largo de los próximos tres años. Esto con el objetivo de llegar a 2018 con una participación de las renovables en la matriz energética del 24,9 por ciento, lo que representaría un paso importante para alcanzar las metas fijadas por la ley.

Los expertos coincides que los CEL serán un instrumento clave para llegar a la meta del 35 por ciento de energía renovable para el año 2024.

Estos servirán para asegurar el ingreso en el sistema eléctrico de un volumen concreto de energía procedente de fuentes renovables.

Este requisito se ha definido como una “proporción del total de energía eléctrica consumida en los centros de carga” que tendrá que definir el regulador y cuya cuantía aumentará gradualmente cada tres años.

Este mecanismo constituirá además un mercado de compraventa de certificados para que suministradores y usuarios puedan cumplir de forma razonable con las disposiciones de la normativa, amén de evitar las elevadas multas que acarrearán las hipotéticas infracciones.
Si las compañías no logran alcanzar los porcentajes establecidos de energías limpias, los podrán adquirir en el mercado secundario los bonos necesarios que les permitan satisfacer las exigencias de la ley.

Esto garantizará mayores incentivos para los productores de energía renovable porque además de vender su electricidad en un nuevo mercado de libre competencia, podrán obtener más ingresos con la emisión de estos certificados.

Esta estrategia podría dar como resultado una sustancial reducción de costes que elevaría la competitividad de estas tecnologías y atraería mayores cotas de inversión en la industria renovable, según expertos.

México ya ha elaborado las líneas maestras que servirán de base para el diseño del futuro mercado de CEL que comenzará en 2018, además de fijar en el 5 por ciento el requisito de consumo eléctrico a partir de fuentes renovables que tendrán que satisfacer los suministradores y los usuarios calificados del nuevo mercado, así como los usuarios finales.

Al comparar los ambiciosos objetivos que ha establecido la administración mexicana para la próxima década en lo que respecta a la generación de energía renovable. Todavía existe una reducida participación que actualmente tienen estas tecnologías en la matriz energética del país –alrededor del 6 por ciento.

Por lo tanto, no sorprende que haya cada vez más voces exigiendo una mayor concreción de las políticas públicas, así como la concepción de nuevas leyes destinadas a impulsar definitivamente el sector de las renovables.

Todavía queda mucho por hacer.