En México las discusiones sobre la reforma del sector eléctrico se van intensificando. Nadie duda de que la reforma es necesaria, la cuestión es cómo llevarla a cabo para satisfacer a todas las partes en disputa.

En las últimas semanas se ha intensificado el debate para reformar el sistema eléctrico en el país. Desde el inicio de la actual administración, el gobierno ha definido la reforma del sector energético como una de sus prioridades y a estas alturas la mayoría de los legisladores ya han manifestado la urgencia de tener un sector energético más fortalecido como motor del desarrollo económico nacional y factor clave de competencia frente a otros países.

Sin embargo, hoy en día el panorama es todavía incierto. Por un lado, el gobierno y algunos sectores plantean como necesario la apertura de la industria al sector privado con la consecuente modificación de la Constitución. Otros sectores ven esto como una falta de nacionalismo y definen el cambio constitucional como algo inconcebible, como una eventual venta de los activos del país sin ningún beneficio para la población.

Lo cierto es que la demanda por este servicio ha venido creciendo a tasas muy por encima de la oferta, lo que compromete las posibilidades de crecimiento del país en el mediano plazo. Esto bajo un escenario de actividad económica deprimida y fundamentada en un crecimiento del consumo residencial del orden de cuatro por ciento anual.

En el momento en que el aparato productivo empiece a crecer otra vez, la situación se complicará todavía más y los escasos márgenes de reserva que se tienen hoy en día podrían desaparecer.

Se estima que México necesita desarrollar entre 30,000 y 35,000 MW de generación adicional para enfrentar la demanda durante los próximos 10 años. Entretanto, la calidad en el servicio para los usuarios se torna más deficiente con apagones breves pero frecuentes en diferentes regiones del país, afectando tanto a usuarios domésticos como a diversas industrias, además de pagar tarifas por encima de las medias internacionales.


México necesita con cierta urgencia una reforma sectorial
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Recordemos que el precio de la energía es un factor fundamental de competencia de la industria en cualquier parte del mundo. Por otra parte, el monto de recursos públicos destinados al sector energético es cada vez mayor, e implica un alto costo de oportunidad dado que estos fondos pudieran ser invertidos en otras áreas como educación o seguridad social. El nivel de endeudamiento del sector público a través de compañías como la Comisión Federal de Electricidad o PEMEX también tiene un límite, y tarde o temprano podría comprometer su viabilidad financiera.

Por otra parte, el abrir la industria al sector privado no es por sí misma la solución. Se necesita establecer un marco regulatorio adecuado y claro para todos los participantes, en el cual existan incentivos para los inversionistas privados de destinar recursos a expandir la planta productiva bajo una previa y razonada medición del riesgo.

El gobierno podría seguir participando como un jugador más en el sistema, pero más importante que eso, mantendría la rectoría de la industria equilibrando las fuerzas y dirigiendo las inversiones donde más se necesite. Eventualmente, las fuerzas del mercado deberían de fijar los precios a cobrar con base en las eficiencias logradas por cada participante, aunque esto en un principio dependerá del rol que desempeña la CFE y que se hace con los activos que hoy son propiedad del estado.

Adicionalmente, el estado podría dedicar recursos para de una vez lograr que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro se vuelva eficiente en la distribución en el mayor centro de consumo del país, el Distrito Federal y la zona conurbana. Todo con el objetivo final de mejorar el acceso, precio y calidad del servicio a los usuarios, y por otra parte el de crear bases sólidas para el desarrollo de otras industrias.

La privatización puede realizarse con éxito

Existen evidencias en otros países donde se ha privatizado el sector eléctrico y el resultado en casi todos ha sido exitoso en términos del aumento deseado en la oferta y calidad del servicio al usuario, a pesar de que en varios casos se han tenido que hacer ajustes posteriores a las regulaciones inicialmente adoptadas. La claridad y respeto a la regulación es un factor clave de éxito en este aspecto.

Un ejemplo exitoso en su momento, pero que por otras circunstancias hoy enfrenta graves problemas, es el sector eléctrico argentino. A principio de la década de los noventas, se tomó la decisión de privatizar la industria eléctrica en ese país; se creó un marco regulatorio equilibrado, y se dividió el sector en tres áreas principales: generación, transmisión y distribución.


Fuente: Standard & Poor’s
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Durante los siguientes años, fluyó la inversión extranjera y bajo un escenario económico favorable se transformó la industria de forma notable. Hubo un aumento del 75 por ciento en la capacidad de generación, que también derivó en una importante disminución del precio de la electricidad en el mercado eléctrico mayorista, de 49 dólares por MW en 1992 a 23 dólares por MW en 2001, un precio altamente competitivo a nivel internacional.

Adicionalmente, hubo un incremento de la capacidad de transporte, principalmente con la inauguración de una nueva línea de transporte en alta tensión de 1,300 kilómetros entre la región del Comahue y Buenos Aires en 1999; y se modernizó el área de distribución con la renovación y expansión de las redes que permitieron una importante mejora en la eficiencia operativa y la calidad de servicio prestado a los clientes finales.

Recientemente debido a la crisis en ese país y al intervencionismo del gobierno sobre el marco regulatorio, el sector enfrenta un grave desajuste entre la oferta y la demanda, y no existen inversiones planeadas debido al fuerte desequilibrio económico financiero de la mayoría de las compañías del sector y a la muy elevada incertidumbre regulatoria. Las tarifas de las compañías del sector fueron pesificadas y congeladas en enero de 2002, la inflación mayorista es alta y el peso argentino se devaluó en un 180 por ciento desde ese momento.

Otros ejemplos en Latinoamérica son Brasil y Chile. En el caso de Brasil, este país también abrió el sector eléctrico a la inversión privada y por un tiempo tuvo los beneficios de las grandes inversiones en la industria. Sin embargo, los cambios constantes en su regulación y cuestiones fundamentales no bien definidas, principalmente en lo referente a la relación entre generadores y distribuidores, han dado como resultado una parálisis de los participantes y problemas de liquidez de algunos cuantos.

Hoy en día, el gobierno del país prepara la implementación de una nueva regulación, quizá un poco más clara para todos y con ciertos apoyos crediticios para sacar la industria a flote.

Actualmente, en Chile, se está intentando introducir cambios a la regulación vigente para incentivar nuevas inversiones principalmente en el sector de transmisión y también en el sector de generación. Los cambios contenidos en el proyecto “Ley Corta”, que ya fue aprobada por la cámara de diputados, tratan de crear un cuerpo regulatorio que determine las tarifas de transmisión de una manera más clara, lo que evitaría confusiones y arbitrajes de terceros. Adicionalmente, el proyecto propone disminuir la brecha existente entre los precios regulados y no regulados que son negociados regularmente entre generadores y grandes usuarios.

En resumen, se trata de un sistema más avanzado, que para seguir expandiendo su capacidad y mejorar el servicio, está realizando adecuaciones leves a la regulación sin modificar sustancialmente las reglas de operación contenidas en el marco regulatorio base.

En otras regiones como Europa, el modelo de participación mixta en el sector eléctrico lleva ya muchos años de operación y ha generado beneficios para casi todos los participantes, a la vez que ha contribuido al crecimiento económico de la región en su conjunto.

Por otra parte, en Estados Unidos el sistema en su conjunto es eficiente y lleva ya muchos años de operar bajo un modelo de inversión privada. Sin embargo, es importante recalcar otra vez el tema de la regulación. Debido al exceso de regulaciones en ciertos estados y gobiernos locales, hay casos en los que no existen incentivos para invertir y la planta productiva se ha vuelto vieja e insuficiente.

Podemos decir que el sector eléctrico en cualquier país demanda grandes montos de inversión para aumentar su capacidad y modernizarse, y requiere un horizonte económico relativamente estable y un marco regulatorio predecible y equilibrado que justifique el riesgo de invertir.

De no seguir estas directrices, México enfrenta el riesgo de no desarrollar una plataforma para el crecimiento sostenido de otras industrias, y entre más tiempo pase para realizar una reforma la calidad en el servicio tenderá a deteriorarse pagando un precio cada vez más alto, no sólo por la electricidad misma sino por todos los recursos públicos que podríamos dedicar a otras áreas más estratégicas. La modernización del sector energético debe ser una prioridad.