Por redacción Potencia

El mercado chileno se debate por la construcción de un gran proyecto hidroeléctrico que podría salvar al país de una crisis energética futura

Después de tener una sobre dependencia en la energía hidroeléctrica, Chile optó, tras superar una crisis energética en el 96, volcar sus esfuerzos en la puesta en marcha de centrales térmicas. La estrategia funcionó hasta que Argentina vivió su propia crisis y cerró el grifo a las exportaciones de gas natural que alimentaban el nuevo parque térmico del país vecino.


Chile debate la puesta en marcha del proyecto HydroAysén (foto no corresponde a ese proyecto)
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Con una economía en expansión, las necesidades energéticas del país han ido en aumento como consecuencia de la correlación entre el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y el consumo de energía eléctrica. Analistas del sector estiman que Chile necesita añadir a su parque de generación unos 500 MW anuales para poder mantener la demanda en los próximos años.

Y es que Chile se encuentra en un dilema de difícil solución. Por un lado, ya no confía en las centrales térmicas, especialmente si éstas deben ser abastecidas por gas natural proveniente del otro lado de los Andes. Por otro, la generación térmica de estas centrales con otros combustibles que no sea gas natural—muchas de las centrales han sido adaptadas para poder quemar otros combustibles—, las hace menos eficientes y, por lo tanto, encarecen el precio de oferta de energía.

No es de extrañar, pues, que el gobierno ya haya activado mecanismos para favorecer la inclusión de energías renovables en este mercado, que ahora brillan por su ausencia pero que deberán crecer de forma significativa en la próxima década. Pero antes de que la contribución de las renovables sea significativa o de ayuda para la actual coyuntura, Chile debe empezar a poner en marcha nueva capacidad que garantice disponibilidad de electricidad a precios competitivos. De ahí, que no se descarte ningún alternativa, incluyendo la controvertida energía nuclear.

La central HidroAysén ¿al rescate?

Pero para controversias, la que viene teniendo este año Chile por la posible construcción de la central HydroAysén. Esta central hidroeléctrica contaría con una capacidad instalada de 2.750 MW repartidos en cinco centrales ubicadas en los ríos Baker y Pascua de la Región XI del país. Además, se contempla la construcción de una línea de transmisión de 2.000 kilómetros para conectar el complejo hidroeléctrico al Sistema Interconectado Central (SIC). Esta línea será desarrollada por Transelec y tampoco escapa a la polémica debido a su trayecto. La inversión total del proyecto está cifrada en 3.200 millones de dólares.

En el proyecto ya se han invertido 12 millones de dólares en los últimos tres años para llevar a cabo el estudio de factibilidad. Según medios locales del país, dicho estudio, que fue entregado a las autoridades en agosto de este año, contenía más de 10.000 páginas con el análisis sobre su impacto medio ambiental.

HidroAysen es una sociedad formada por las empresas Endesa y Colbum. La central se convertiría en la mayor de la historia en el país, por lo que no es de extrañar que surjan dudas y debates al respecto de su conveniencia.

Debido a su magnitud, el proyecto se encuentra entre un fuego cruzado entre aquellos que lo ven beneficioso para el desarrollo del sector eléctrico en Chile y sus consecuentes beneficios indirectos a la economía en general, y aquellos que creen que el proyecto, como está concebido, atenta contra el medio ambiente por ser demasiado invasivo.

Los problemas para su posible construcción se amontonan en medio de la discusión. La Dirección General de Aguas rechazó el extender a HidroAysén nuevos derechos para el aprovechamiento de los ríos donde deben asentarse las cinco centrales hidroeléctricas. La empresa ya contaba con un permiso de este organismo público para su aprovechamiento, pero la reducción en las inundaciones para conseguir mejorar el impacto medio ambiental obligaron a solicitar un aumento del agua a explotar. Este rechazo, dicen algunos agentes del sector, es una muestra más de que este proyecto no debe llevarse a cabo tal y como está planteado. Algunos incluso consideran que esta postura de la Dirección General de Aguas invalida en cierto modo una aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El escollo de los derechos sobre la explotación del agua de los ríos donde deben construirse las centrales parece ser considerado un mal menor por la propia empresa que las debe construir, pues entienden que dichos permisos no son necesarios hasta que el complejo eléctrico inicie operaciones. El principal problema pasan a ser las 3.000 preguntas devueltas por las autoridades públicas—Corema— para poder verdaderamente evaluar el proyecto y darle luz verde.

El periodo de tiempo disponible para hacer frente a la consulta de la entidad pública parece ser insuficiente. Por lo menos así lo manifestó la Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, la cual declaró que lo más probable es que el proyecto deba aplazarse.

Esta problemática no acalla ni deja satisfechos a los que se oponen a su construcción, que no quedan satisfechos con las 3.000 consultas solicitadas por Corema. Estos grupos pretenden que todo el proyecto sea reformulado desde cero o que simplemente no se lleve a cabo en favor de otras alternativas renovables de menor envergadura.

Los responsables del proyectos HidroAysén consideran que las entidades públicas cometieron “graves” errores de apreciación a la hora de evaluar el proyecto. Consideran que las declaraciones de la Ministra no son acertadas por estar basadas en aseveraciones incorrectas.

La empresa HidroAysén considera que se cometieron errores de cálculo sobre el nivel de la inundación que causaría la construcción de las centrales. El Servicios Agrícola y Ganadero de Aysén estimó que la construcción del proyecto supondría un nivel de inundación que sería en realidad un 90 por ciento superior a lo presentado por la empresa. HidroAysén argumenta que estos cálculos no son correctos porque, dicen, este ente público no cuenta con datos de cartografía adecuados. Este error, dicen, ha provocado que el resto de organismos públicos se hayan opuesto a su construcción—un total de 32—. Además, estos ejecutivos, estimaban que muchos de estos organismos han planteado observaciones que en muchos casos escapan a sus competencias como entidad pública.

Una apuesta difícil

Los defensores del proyecto consideran que puede ser de vital importancia para el futuro del sector. No sólo por la seguridad que proporcionaría al futuro abastecimiento, sino que supondría un ahorro pues de no llevarse a cabo otras centrales, posiblemente térmicas, deberían ocupar su lugar, ofertando electricidad a precios superiores y supeditados a las fluctuaciones de los precios de los combustibles fósiles.

Sus detractores proponen que Chile se centre en el desarrollo de las energías renovables no convencionales y citan estudios que aseguran que el país podría tener hasta el 53 por ciento de sus necesidades cubiertas por estas fuentes de energía para 2025.

El debate continuará, pues el proyecto hidroeléctrico de mayor envergadura jamás propuesto en Chile puede desaparecer del mapa súbitamente. Si esta publicación fuese una casa de apuestas—afortunadamente no lo es—, ahora todo parecería indicar una derrota del proyecto; aunque aún no está todo dicho y las concesiones económicas y políticas obran milagros. De ser aprobado, la primera de las cinco centrales debería entrar en operación a finales de 2013 y siete años después, una vez completadas en su totalidad, el proyecto aportaría el 21 por ciento de la capacidad del SIC.