El sector de la energía en Argentina necesita urgentemente una solución que el gobierno no parece atender. De no producirse, el colapso de la industria puede suponer un problema político mucho mayor para la actual administración

Por Jason T. Todd, Director y Alejandro Bertuol, Senior Director, Fitch Ratings

Click here to enlarge image

Recientes acontecimientos en Argentina pueden hacer pensar a muchos observadores que lo peor ya ha quedado atrás y que la maltrecha economía nacional está finalmente en el largo y arduo camino hacia la recuperación. Durante la primera mitad del presente año, esta nación del cono sur ha mostrado indicadores macroeconómicos y de consumo favorables, ha recibido el desembolso de aproximadamente 1.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y visto una transición pacífica de la presidencia de Néstor Kirchner. Desafortunadamente, el creciente optimismo no ha alcanzado todos los sectores económicos. El sector de la energía, especialmente el segmento de la generación, ha quedado firmemente encapsulado en la crisis ocurrida hace 18 meses atrás, con los propios jugadores del sector mostrando su pesimismo acerca del futuro más inmediato.

Desde enero del 2001, cuando la administración del ex presidente Duhalde implementó una serie de medidas de emergencia para contrarrestar el colapso de la economía argentina—incluyendo la pesificación, revocación de convertibilidad y la prohibición de asignar precios o ajustar las tarifas basados en moneda extranjera—los generadores de energía han sufrido un deterioro dramático en sus operaciones, en su flexibilidad financiera y a la hora de hacer frente a sus deudas. Hoy, como ya era el caso hace un año, muchos de los proveedores líderes del mercado argentino se encuentra en la bancarrota y cuestionan abiertamente la viabilidad comercial de sus operaciones debido a la ausencia de reformas sostenibles y sistemáticas en la regulación del país.

La falta de optimismo entre los participantes del sector está influenciada por las señales que arroja la administración de Kirchner, la cual parece estar posponiendo el ajuste de tarifas hasta el 2005 como muy pronto, 36 meses después del colapso en los fundamentos del mercado energético. La prolongada ausencia de una solución creíble ha forzado a muchas empresas a adoptar, de manera indefinida, un manejo diario de sus crisis individuales, estrategia que se originó en los primeros meses de la crisis.

Empresas de sectores como la electricidad, el gas y los distribuidores y transportadores de agua han estado intentando renegociar mecanismos que les permita recuperar parte de los ingresos perdidos para compensar el efecto de expropiación sufrido como resultado de las medidas de emergencia. El objetivo principal de estas negociaciones es asegurar un flujo de caja suficiente para poder mantener operaciones así como permitir un balance que facilite el cumplimiento de sus deudas.

El gobierno no toma medidas

La administración de Kirchner ha retrasado el tema del posible incremento de las tarifas hasta que se cree una nueva comisión que se encargue de renegociar los contratos en los sectores del gas y la electricidad. La fecha límite propuesta para renegociar estos contratos se ha fijado en el 31 de diciembre del 2004, lo que podría retrasar la implementación de las nuevas tarifas hasta marzo del año siguiente. Además, existe un antecedente preocupante de interferencia judicial a ajustes de tarifas propuestos. La administración del ex presidente Duhalde intentó en varias ocasiones incrementar los cargos hasta en un nueve por ciento debido a la presión de instituciones multilaterales. En todas las ocasiones, de todas maneras, las cortes bloquearon estas iniciativas de incremento.

Los participantes en el mercado mantienen que la actual situación es insostenible. Mientras que recientes estudios apuntan a que las tarifas del gas podrían ser ajustadas entre un ocho y un 10 por ciento para el último cuarto del presente año, principalmente para ayudar a restablecer las reservas de gas, otros sectores regulados no anticipan ningún ajuste material hasta después de diciembre del 2004.

Aunque es indudable que el reajuste en el gas alivia en parte la situación, el incremento potencial en las tarifas del gas es percibido por muchos como un mero gesto de cara a la galería, dada la dislocación económica generada por la devaluación de la moneda en un 67 por ciento aproximadamente y un 41 por cierto en la inflación registrados desde principios del 2002.


Las tarifas están más congeladas que un glaciar
Click here to enlarge image

null

El abandono de un marco basado en las leyes de mercado ha restringido la capacidad de generar flujo de capital a los participantes regulados de la industria. Como resultado, muchas de estas empresas han reducido sus gastos de capital a niveles básicos para no tener problemas de operación. El mercado y sus participantes tiene suerte de que el sistema entero esté en muy buen estado después de las privatizaciones en la década de los 90.

Los niveles históricos de inversión durante esa década han creado un “colchón de activos” con respecto a la confiabilidad que ha permitido por el momento a la industria eléctrica, el gas natural y los sectores del agua mantener sus integración operacional sin mayores inversiones en mantenimiento y sin grandes inversiones de capital.

De todas maneras este “cojín” se está desinflando y hay una gran preocupación sobre la capacidad del sistema de mantener un nivel de confiabilidad y calidad del servicio durante el 2004 sin recibir nuevas inversiones. Incluso si se aprueban las tarifas a inicios del 2005 puede no haber tiempo suficiente para desarrollar medidas que eviten fallos en estos sistemas.

Los generadores están desamparados

Los generadores argentinos enfrentan una crisis inminente que puede poner en peligro la viabilidad de todo el sistema eléctrico. Además de la pesificación de los precios, los generadores están sufriendo una reducción a la hora de recolectar, una contracción de la demanda y un crónico desbalance entre los precios “spot” y los precios a pagar por el usuario final.

Es por ello que hay un consenso general entre los participantes privados acerca de que únicamente una intervención gubernamental es imperativa para evitar el colapso del sistema; urgencia que no parece ser compartida por las autoridades.

Las compañías que dependen de pagos por parte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) han visto como la recolección de sus ingresos han continuado su descenso de principios de 2002. Aunque las facturas se han ido amontonando, CAMMESA ha sido incapaz de cobrar las cantidades suficientes de los distribuidores para hacer frente a tiempo a la deuda con los generadores.

El tiempo para recibir pagos de CAMMESA se ha prolongado hasta los 45 días, convirtiéndose en aproximadamente el 30 por ciento de las cuentas no cobrables. El incremento de impagables de ciertas provincias están mayoritariamente atribuidos al creciente uso de monedas no oficiales por parte de los usuarios finales y los distribuidores, y que no son aceptadas por CAMMESA.

Estudios recientes sugieren que en agosto todos los generadores recibirán el 69 por ciento de las facturas de junio. Según a un plan creado por la administración de Duhalde el balance restante sería cubierto con un subsidio del estado.

Si el nuevo gobierno federal no respalda este subsidio, los generadores quedarán desamparados, pues otra fuente histórica de ayuda, el fondo de estabilización, está vacío.


Buenos Aires
Click here to enlarge image

null

Dicho fondo está destinado para suavizar la volatilidad de los precios “spot” a los usuarios finales ya que los distribuidores pagan precios relacionados con las estaciones mientras que los generadores pagan los precios del mercado mayorista. Las diferencias entre unos precios y los otros son cubiertos por este fondo cuando es necesario.

En teoría el fondo debe tener un promedio cero en el largo plazo. En la práctica y debido a los efectos de las medidas de emergencia, el fondo esta vacío durante un período en el que debería estar acumulando reservas.

El problema nace del bajo precio en estas fechas en relación al precio del gas natural y el del petróleo lo que se traduce en un constante déficit entre el precio pagado por generadoras y distribuidoras. El último ajuste para el precio “seasonal” del gas natural se produjo en mayo de 2002.

Los generadores explican que los precios actuales no sirven ni para sostener las operaciones. Bajo la anterior administración, el gobierno anunció su intención de remunerar el “fondo estabilizador” para hacer frente a los déficits de la nueva estructura de precios. Al cierre de esta edición, la administración de Kirchner no había definido su posición en este asunto. Aún así, un subsidio temporal no mitigará la creciente preocupación acerca de la viabilidad del sector eléctrico a medio plazo.

Reestructuración de la deuda

Con respecto a las obligaciones financieras, muchos de los deudores han tenido poco éxito a la hora de llegar a acuerdos con sus acreedores para frenar pagos. Muchas empresas, siguiendo con su incumplimiento de sus obligaciones, han unilateralmente reducido los pagos de su deuda y están acumulando dólares en el extranjero—líquido que será utilizado para gastos de capital de emergencia o como parte de un acuerdo de reestructuración de su deuda.

El sector de la energía tiene que ver todavía una reestructuración exitosa de la deuda. La base de acreedores está fragmentada, con prioridades disímiles y a veces en competencia. La continua ausencia de unos parámetros pos devaluación claramente definidos complican aún más los esfuerzos de reestructuración, complicando para todas las partes implicadas el alcanzar un acuerdo en relación a la forma que la reestructuración debería tomar.

En su mayoría, las empresas de gran envergadura que han sido capaces de asegurar acceso a capital internacional con regularidad están comprometidas a abrirse y a comunicarse de manera transparente con su base de acreedores. Aunque la ausencia de unos ajustes tarifarios en el caso de las empresas reguladas efectivamente necesita un plan de reestructuración viable. Los altos ejecutivos tienen claro lo importante que es mantener un diálogo constante con sus acreedores.

A pesar del crítico estado en el que se encuentra el sector y los continuos incumplimientos de pago muchas compañías parecen satisfechas con mantenerse a flote por el momento. Su incapacidad de alcanzar acuerdos de reestructuración combinado con el calendario de pago de la deuda decidido unilateralmente está permitiendo a las empresas utilizar sus ingresos de operación para la manutención de gastos de capital.

Aunque esto se centra en el lado operacional y no financiero del negocio es comprensible dado la crisis de los últimos 18 meses. Es posible que las continuas dificultades financieras en las empresas de servicios públicos resultará en un claro deterioro en la calidad de los servicios ofrecidos. Paradójicamente, esto creará un reto político aún mayor para la actual administración que el impuesto por la actual situación del sector.

Hoy, la realidad del sector eléctrico no refleja las mejores esperanzas que se tenían hace un año. Se esperaba que un nuevo gobierno estabilizara a la industria, apoyara la inversión por parte del sector privado y permitiera una reestructuración de las deudas corporativas. En vez, la crisis continúa, las empresas siguen sobreviviendo como pueden y sin poder pagar su deuda. El retorno de la flexibilidad financiera y el crédito quedará estancado por un largo periodo de tiempo. En este respecto el año 2003 desgraciadamente será demasiado similar al 2002 y el año que viene no pinta mucho mejor.