El gobierno argentino volvió a prorrogar el plazo para que los generadores del país tomaran una decisión sobre su propuesta de que estos participen como socios en la construcción de dos centrales de 800 MW cada una a gas de ciclo combinado. La participación como socios en estos dos proyectos es la fórmula del Ejecutivo para hacer frente a la deuda que se ha ido acumulando desde la pesificación y consecuente congelación de las tarifas, y a la necesidad de incrementar la capacidad de generación del país.

La regulación de los precios de la energía, y el desfase que eso ha generado entre generadoras y distribuidoras, se ha justificado desde gobierno como una maniobra para evitar la inflación que frenaría el intento de recuperación económica. Otros ven en la congelación una maniobra política de cara a los constituyentes que, supuestamente, no vería de buen grado una subida de precios de un servicio considerado como básico.

El problema que enfrenta en país es la falta de nueva inversión en el sector que garantice la oferta a una creciente demanda que, según Fitch Ratings, ha crecido en los tres primeros trimestres del año en un siete por ciento. De no producirse nueva inversión, el país podría sufrir una crisis energética en el 2007, sino antes.

La opción de la construcción de dos plantas de ciclo combinado es la única viable para que las generadoras recuperen, aunque sea en parte y a partir del 2007, lo que se les adeuda. Además de que es una opción que garantiza nueva capacidad en un mercado donde los actuales jugadores no están para invertir voluntariamente en nueva capacidad dada la coyuntura actual.

Por lo tanto, aunque lo más probable es que las generadoras acepten esta oferta del gobierno, el Ejecutivo deberá realizar concesiones importantes en cuanto a los precios se refiere. Si las generadoras no están por incrementar la capacidad por no considerarlo un negocio dados los precios actuales—apenas viven con lo puesto—¿qué hace que la propuesta del gobierno sea atractiva? En realidad, nada. Es decir, ser socios de una generadora que enfrenta unos precios de mercado por los cuales la inversión no es recuperable no tiene, en principio, sentido ni plantea una solución para las generadoras.

La inversión en la exploración de gas y la infraestructura de transporte también ha quedado desatendida, por lo que además del contar con precios de mercado que no justifican la inversión, no hay certeza absoluta de que estas centrales vayan a contar con el suministro de gas necesario para operar con normalidad.

Queda claro, pues, que la solución pasa por tratar el asunto de los precios de la energía por parte del gobierno. Económicamente hablando nadie ha podido demostrar que una subida de los precios fuese a tener una repercusión con connotaciones catastróficas para el país. Un ejemplo en el que se amparan aquellos que solicitan un reajuste al alza de los precios, considerados “bajos” por Fitch Ratings, es el programa PURE destinado a premiar a aquellos consumidores que consumían menos que el año anterior y castigar aquellos que aumentaban su consumo. El resultado del programa ha sido imperceptible, pues la demanda ha seguido su curso de crecimiento.

Por este motivo, una gran mayoría cree que subir los precios con, por ejemplo, un plan social que evite un subida fuerte en zonas desfavorecidas, no tendría un impacto fuerte en la economía. Como maniobra política, la situación no podrá ser sustentada indefinidamente, primero porque en el corto plazo se debe tomar una decisión para poner en marcha estos dos proyectos u otras medidas que eviten una crisis y, segundo, la salud del sector pasa por crear un escenario donde las generadoras puedan volver a plantearse la inversión, algo que está a años de producirse.
Rafael A. Junquera
Editor