En Venezuela hay una preocupación por evitar una falta en el abastecimiento de energía eléctrica. Las pérdidas energéticas por ineficiencias y robos previenen a las empresas públicas la inversión en mayor capacidad de generación.

Venezuela es uno de los países con mayor penetración de electrificación en Latinoamérica. Según datos gubernamentales, más del 94 por ciento de su población dispone de servicio eléctrico. Esto, dice el Ministerio, es el resultado de un esfuerzo realizado por el Estado Venezolano durante las décadas de los 70 y 80 donde se realizaron importantes inversiones en el sector, sobre todo en hidroelectricidad.

Venezuela cuenta con la segunda planta hidroeléctrica de mayor tamaño de Latinoamérica después de Itaipú entre Brasil y Paraguay. La hidroeléctrica Raúl Leoní cuenta con una capacidad de 10.000 MW y está ubicada en el río Caroní. Se estima que el país cuenta con un potencial de 46.000 MW de energía hidroeléctrica; actualmente sólo algo por encima del 20 por ciento está siendo explotada.

El sector eléctrico venezolano está estructurado en forma mixta con 13 empresas de generación, ocho públicas y cinco de capital privado. La privatización del sector se inició en 1998 con la idea de separar las tres áreas del negocio: generación, transporte y distribución. La idea inicial era que a principios del 2003 estas unidades de negocio fuesen autónomas las unas de las otras, pero la inestabilidad política previno que el plan se ejecutara. Debido a los problemas políticos la privatización ha quedado indefinidamente pospuesta, siendo la generación la única parte del sistema que quedará desregulada en los próximos años.

El Ministerio prevé un incremento en la demanda de energía en los próximos años que fuerza a iniciar una expansión de la capacidad instalada de inmediato. El problema radica en que la inversión por parte del gobierno ha ido decayendo gradualmente en los últimos años y el sector privado todavía no cuenta con una participación los suficientemente elevada como para que el país confíe su plan de expansión en este sector, más cuando la idea no es sólo la expansión de la capacidad instalada sino ofrecer “un servicio de calidad al menor precios posible”.

A pesar de que el gobierno es consciente de esta necesidad y ha iniciado trámites, Venezuela ya estuvo, durante el 2003, con la posibilidad de sufrir falta de energía debido a la falta de agua.

La sobre dependencia en la energía hidroeléctrica, pero, sobre todo, las pérdidas de energía, ya sea por robo o por un alto indice de ineficiencia por parte de las empresas del sector público a la hora de facturar por la energía que genera y ofrece, han destapado la necesidad de diversificar las fuentes de energía y atajar la pérdida de ingresos de las empresas públicas mediante la modernización de todo su aparato de comercialización.

Las pérdidas por robo y fraude son tan agudas en Venezuela que el propio Vice Ministro de Energía, Nervis Villalobos propone “no sólo medidas sancionatorias leves, sino acciones de privación de libertad”, declaró en un encuentro anual del sector eléctrico celebrado en ese país. Es decir penas de cárcel para aquellos que delinquen contra el sector eléctrico.

El sector eléctrico y las pérdidas

En el 2003 las empresas estatales Enelven, Enelco, Enelbar, Cadafe y Edelca suministraron más del 83 por ciento del total de la energía consumida en el país, cifrada por la Cámara Venezolana de Energía Eléctrica (CAVEINEL) en 90.968 GWh, de los cuales sólo se facturaron 65.639 GWh, lo que supone una pérdida energética del 28 por ciento mayoritariamente absorbida por las empresa públicas. La capacidad instalada del país, al cerrar el 2003, era de 20.399 MW de los cuales 13.233 pertenecen a generación hidráulica y 7.176 a generación térmica mediante vapor, gas y diesel. El sector público cuenta con aproximadamente el 86 por ciento de esta capacidad instalada con 17.615 MW y el sector privado con 2.784 MW.

Cadafe, fundada en 1958 para llevar a cabo la administración y operación de 15 empresas de electricidad dependientes del Estado y que estaban repartidas en todo el país, es la segunda empresa del país en cuanto a capacidad instalada y en cuanto a generación. En generación Cadafe cuenta con 3.721 MW, más que todo el capital privado junto y genera 17.663 GWh.

Cadafe es, además, la mayor empresa de distribución de electricidad de Venezuela con el 51 por ciento del total de clientes del país. Los ingresos de la empresa cubren tan solo el 74 por ciento del costo de la energía, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, para cubrir este déficit y los gastos de operación, ha venido incrementando sus obligaciones financieras a tal punto que el costo financiero en 2002 ascendió al 159 por ciento de sus ingresos efectivos, razón por la cual el Ministerio de Finanzas ha tenido que asumir las deudas contraídas con EDELCA, empresa a la que Cadafe compra la energía.

El proyecto PARTICIPA

“Los sistemas que soportan la gestión de CADAFE en las áreas de generación,distribución, comercial, financiera y de recursos humanos tienen un desfase tecnológico de más de 20 años”, dice el BID. Sus procesos actuales hacen que si no se toman medidas en su reestructuración la empresa deje de ser financieramente viable, pues según dice el BID, su deterioro e ineficiencia aumenta cada año.

Por este motivo Cadafe inició en septiembre del 2003 el proyecto PARTICIPA, que tiene entre sus objetivos principales incrementar la productividad y desarrollar competencias de sus recursos humanos, fortalecer la eficiencia e impulsar actividades que agreguen valor a los procesos comerciales, adecuar y estandarizar los procesos comerciales incrementando la productividad, aumentar de manera significativa la facturación y los ingresos de la corporación, y disminuir y controlar pérdidas de energía, lo que como resultado, y por el rol de Cadafe, contribuirá al fortalecimiento del sector eléctrico en general.

La primera fase del proyecto PARTICIPA comprendió el entendimiento, análisis y diagnóstico de la situación actual del proceso comercial de CADAFE y cada una de sus empresas filiales: CADELA, ELECENTRO, ELEORIENTE, ELEOCCIDENTE y SEMDA, además se logró al diseño de un nuevo modelo conceptual de gestión comercial.

Actualmente el Proyecto se encuentra en su segunda fase donde está prevista la selección de la plataforma tecnológica que se adecue al nuevo modelo del proceso comercial diseñado en la primera fase y la implantación del nuevo modelo en la casa matriz y en cada una de las filiales.

Esta implantación incluye hardware (servidores) software y licencias, computadoras personales (PCs), adecuación de comunicaciones y seguridad, impresoras, validadoras, equipos portátiles de inspecciones y lectura . De igual manera se procederá a la adecuación de oficinas comerciales y dotación de vehículos.

Las pérdidas de la empresa, actualmente situadas en un 44 por ciento, se verán reducidas en esta primera etapa, en un 30 por ciento como consecuencia de llevar a cabo la primera fase.


Capacidad Intalada y Generación en Venezuela en el 2003
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Milagros Torres, Gerente del Proyecto indicó que los próximos pasos a seguir en dicho Proyecto destacan la publicación Internacional del Aviso General de Adquisiciones (AGA) para el pliego de licitación del BID, la firma del contrato de financiamiento con el BID, concretar términos y condiciones de financiamiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF). Se está concretando la culminación de los pliegos de licitación para la adquisición de vehículos y contadores, con la idea de que para finales de este año estén en funcionamiento. También se está trabajando en la ampliación del equipo humano para el Proyecto PARTICIPA.

“En virtud de lo ambicioso del proyecto se seleccionaron tres estados pilotos para iniciar su ejecución, Estos son Aragua en ELECENTRO, Carabobo en ELEOCCIDENTE y Anzoátegui en ELEORIENTE, donde las actividades deberán iniciarse a partir del segundo trimestre del 2005.

Los entes financieros que están detrás de ayudar en este proyecto, que es parte del plan de mejorar los servicios eléctricos en el país, son el BID, quien estima en 10 millones de dólares la inversión inicial de modernización, y CAF. El BID considera que el proyecto merece ser financiado “porque comprende actividades definidas de antemano, de bajo costo y riesgo relativamente escaso, caracterizadas por su impacto relativamente alto, su gran importancia sectorial y su urgencia”.