Por un corresponsal de Potencia

7 de febrero 2014 – La generación de energía eléctrica en América Latina está viviendo actualmente un periodo en el que la proliferación de proyectos basados en fuentes eólicas y solares está siendo la nota dominante. Otros planes renovables, como es el caso de la energía geotérmica o la maremotriz también van abriéndose camino en diferentes países de la región.

Ello no impide que sigan construyéndose proyectos tradicionales como pequeñas plantas hidroeléctricas, así como centrales térmicas que producen energía a través de la quema de combustibles fósiles como carbón o petróleo.

Sin embargo, los planes para levantar plantas a gran escala, tanto hidráulicas como termoeléctricas, están encontrándose con más dificultades para salir adelante. Las protestas de asociaciones ecologistas y colectivos indígenas, bajo cuyo punto de vista los megaproyectos podrían causar daños medioambientales, han llevado a numerosas empresas constructoras a los tribunales.

Al hablar de grandes planes eléctricos llevados ante la Justicia es inevitable recordar el ejemplo de Belo Monte, en Brasil. El proyecto, una central hidroeléctrica capaz de alcanzar una capacidad instalada de 11.000 MW una vez finalizadas sus obras, lleva varios años haciendo frente a las protestas de las poblaciones indígenas de la Amazonía y de los grupos ecologistas que las apoyan.

La represa ocuparía una gran extensión de la jungla amazónica, y quienes se oponen a su construcción han conseguido paralizar las obras varias veces mediante recursos ante instancias judiciales.

Sin embargo, tras la última paralización de los trabajos de construcción, el Tribunal Federal de la Primera Región de Brasil desestimó el pasado mes de octubre las reclamaciones de conservacionistas e indígenas y ordenó la reanudación de las obras, informa la agencia Efe.

El proyecto de Belo Monte requerirá inversiones de hasta 10.600 millones de dólares y se convertirá en el tercer mayor embalse del mundo, sólo superado por la Presa de las Tres Gargantas, en China, y la de Itaipú, ubicada en el límite entre Brasil y Paraguay.

Otro claro ejemplo de proyecto hidroeléctrico con problemas para su puesta en marcha derivados de su impacto ambiental es del de HidroAysén, en Chile. El proyecto consiste en la construcción de cinco embalses en la región de Aysén, en el sur del país.

Dos de ellos aprovecharán aguas del río Baker y los tres restantes harán lo propio en el río Pascua. La suma total de su producción alcanzaría los 2.750 MW, pero las protestas por parte de asociaciones ecologistas han demorado en varias ocasiones la ejecución de este megaproyecto.

El inminente cambio de gobierno en Chile, que pasará de estar gobernado por el conservador Sebastián Piñera a tener como presidenta a la socialista Michelle Bachelet, resultará decisivo para el futuro de HidroAysén

La presidenta electa considera que el proyecto es inviable, pero esperará al resultado de dos estudios adicionales de impacto ambiental que determinarán qué posibilidades hay de que las obras continúen su curso.

Las empresas a cargo de la ejecución de HidroAysén, Endesa Chile y Colbún, necesitarían en caso de aprobarse definitivamente el proyecto una inversión de 8.000 millones de dólares, señala la agencia Reuters.

Sin salir de Chile, otro proyecto, en este caso termoeléctrico a carbón, también lleva tiempo en los tribunales. Se trata de la central de Punta Alcalde (740 MW), que recientemente ha recibido luz verde por parte de la Corte Suprema.

El proyecto, también a cargo de Endesa, se llevará a cabo en la norteña región de Atacama y ha contado con la oposición de organizaciones sociales, medioambientales e incluso del municipio de Huasco.

Pese al crecimiento de las energías renovables no convencionales, los megaproyectos térmicos e hidroeléctricos continúan adelante en Latinoamérica.

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